Una ley para proteger a las personas que detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados.
La ley 2/2023 aplica a todas las entidad del sector público, a las empresas privadas que tengan contratadas más de 50 personas, a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales o fundaciones que gestionen o reciban fondos públicos.
Se debe establecer un sistema interno de información para la denuncia de infracciones normativas que cumpla una serie de requisitos.
A partir del 1 de diciembre entra en vigor en empresas del sector privado de más de 50 personas trabajadoras y en municipios de menos de 10.000 habitantes.
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